La fecha de desalojo ha sido fijada provisionalmente para el 12 de septiembre, el juicio visto para sentencia
Se ha celebrado en el juzgado de Briviesca (Burgos) la vista oral que puede marcar el desenlace de uno de los conflictos religiosos más insólitos en la historia reciente de la Iglesia en España. Ocho ex monjas clarisas que habitaban el monasterio de Belorado se enfrentan a una demanda de desahucio promovida por el Arzobispado de Burgos, que considera ilegítima su ocupación del recinto religioso.
El Vaticano designó al arzobispo Mario Iceta como comisario pontificio y administrador legal de los bienes del monasterio, lo que ha desencadenado una batalla canónica y civil por la posesión del inmueble. La fecha de desalojo ha sido fijada provisionalmente para el 12 de septiembre, pero dependerá del resultado de la sentencia, que podría conocerse en los próximos días.
¿Por qué se les expulsa del convento? Abandono de la obediencia al Papa
La raíz del conflicto reside en la ruptura formal de las religiosas con la Iglesia católica. En mayo de 2024, las entonces monjas clarisas de Belorado anunciaron públicamente su abandono de la obediencia al Papa y su adhesión a una estructura sedevacantista liderada por el supuesto obispo Pablo de Rojas. Este acto fue calificado como un cisma y, tras una investigación canónica, el Vaticano decretó su excomunión en junio del mismo año.
A ojos del derecho canónico, las ex religiosas dejaron de formar parte de la Orden de Santa Clara, y por tanto perdieron cualquier derecho sobre el uso del monasterio, un bien eclesiástico registrado a nombre de la Iglesia. El arzobispo de Burgos, como comisario pontificio, interpuso la demanda por ocupación indebida alegando que las mujeres se niegan a abandonar un inmueble que ya no les pertenece ni espiritual ni legalmente. Además, se argumenta que continúan utilizando el monasterio sin autorización, lo que representa una infracción civil además de eclesiástica.
Durante la vista oral celebrada este lunes, las exmonjas reafirmaron su voluntad de resistirse al desalojo y cargaron duramente contra el arzobispo Iceta por no presentarse ante el juzgado, calificando su actitud como una muestra de cobardía y prepotencia. Su defensa, a cargo del abogado Florentino Aláez, sostiene que las religiosas actúan amparadas por una entidad jurídica legítima y que su ocupación no es ilegal, sino una extensión del derecho a la libertad religiosa y a la propiedad asociativa.
Además, el abogado denunció que las religiosas están siendo víctimas de acoso institucional, mediático y jurídico, al tiempo que presentó como prueba los intentos fallidos de diálogo y los sucesivos recursos judiciales que han tratado de frenar el proceso. Entre sus argumentos también figura la acusación de que el Vaticano y el Arzobispado han actuado sin transparencia y sin ofrecer alternativas dignas de traslado o alojamiento, sobre todo para las hermanas mayores que residen en el convento y que requieren cuidados específicos.
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