El 20% de las diócesis estadounidenses se declaran en quiebra por indemnizaciones de abusos
La diócesis de Alexandria, en Luisiana, es la última en sumarse a una lista de 39 jurisdicciones eclesiásticas que han recurrido a la protección por bancarrota ante la imposibilidad de pagar compensaciones millonarias.
La crisis por abusos cometidos por miembros del clero ha escalado a un terreno de insolvencia financiera sin precedentes en la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Con la reciente declaración de quiebra de la diócesis de Alexandria (Luisiana), ya son 39 las instituciones diocesanas —aproximadamente una de cada cinco en el país— que han solicitado la reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota.
Un sistema judicial bajo presión
El fenómeno responde a un sistema jurídico que ha priorizado las demandas civiles, resultando en indemnizaciones que superan con creces los activos disponibles de las administraciones religiosas. Según datos del sector, estas compensaciones no solo derivan de sentencias judiciales, sino también de acuerdos extrajudiciales millonarios, algunos de los cuales incluyeron históricamente cláusulas de confidencialidad para proteger la identidad de los implicados.
El caso de Alexandria
El obispo Mons. Robert W. Marshall, Jr., confirmó que la decisión de Alexandria busca una «reorganización financiera» tras la acumulación de demandas pendientes. En una misiva a los fieles, Marshall calificó las acciones de los abusadores como «malvadas y pecaminosas«, admitiendo que el costo de las reparaciones excede la capacidad de pago de esta pequeña sede episcopal, cuyas raíces se remontan a la evangelización española en la antigua Nueva España.
Un camino de descapitalización
El proceso de recuperación ha sido lento y costoso. De las 39 diócesis afectadas:
22 han logrado salir de la bancarrota, aunque con secuelas estructurales.
Jurisdicciones de alto perfil como Nueva Orleans, Mineápolis y San Diego han tenido que liquidar gran parte de su patrimonio inmobiliario y bienes materiales para cumplir con los pagos.
La crisis se extiende a las órdenes religiosas: instituciones como los Jesuitas (Provincia de Oregón) y los Franciscanos (Provincia de Santa Bárbara) también han recurrido a la protección legal por quiebra.
El dilema ético y económico
La situación ha generado un intenso debate dentro de la comunidad católica. Mientras que la reparación del daño a las víctimas es un imperativo moral, sectores de la Iglesia cuestionan que la carga económica recaiga sobre los fieles actuales, quienes financian las instituciones pero son ajenos a los delitos cometidos en décadas pasadas.
Asimismo, expertos legales advierten sobre el riesgo de denuncias oportunistas atraídas por las sumas millonarias, lo que complica aún más el panorama reputacional y financiero de una Iglesia que lucha por mantenerse a flote en medio de su crisis más profunda en suelo norteamericano.
