Musulmán reza durante el mes sagrado islámico del Ramadán
La Conferencia Episcopal Española (CEE) condenó este jueves el acuerdo político alcanzado entre el Partido Popular y Vox en el municipio de Jumilla en Murcia, que en la práctica impide dos grandes festividades musulmanas: el fin del Ramadán y la fiesta del Cordero, las dos previstas para la primavera del año que viene.
Aunque la enmienda formalmente no alude explícitamente al islam, la propuesta se formula en defensa de una “identidad cultural española”, lo que ha generado amplias críticas por su carácter discriminatorio.
La modificación del reglamento afecta al uso de las instalaciones municipales, como polideportivos, que desde hacía años habían sido utilizados en esta localidad para rezar de manera colectiva durante las primeras horas de la mañana por los 1.500 vecinos que se estima son musulmanes, de un total de 27.263 habitantes.
La comunidad musulmana local ha calificado la decisión como una falta de respeto a su cultura y fe, que hasta ahora habían practicado sin problemas en ese municipio.
En un comunicado, los obispos calificaron la decisión como “una discriminación que no puede darse en democracia” y advirtieron de que esta medida “no sólo afecta a un grupo religioso, sino a todas las confesiones y también a los no creyentes”.
“La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano”, se lee en el comunicado, en el que la CEE se une a la postura ya expresada por la Comisión Islámica de España.
“Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española”, recordó la CEE en referencia explícita al artículo 16.1 de la Carta Magna.
En este sentido, los obispos señalaron que la única posible intervención por parte de las autoridades públicas es la que atienda a razones de perturbación del orden público. En todo caso, advirtieron de que tal evaluación debe realizarse “con objetividad, por especialistas y con criterios técnicos”, de manera que no responda a “una decisión arbitraria o ideológica”.
“La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes”, subraya el comunicado. “Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”, constataron los obispos españoles.
La CEE explicó además que este principio está reconocido también en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por último, los obispos españoles insistieron en que cualquier medida restrictiva destinada a proteger el bien común debe aplicarse de manera generalizada a todo tipo de manifestaciones en espacios públicos, “y no solo a las religiosas”, para evitar discriminaciones que atenten contra la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos.
